La Ley N° 21.442, también conocida como la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, es la principal normativa que rige la vida en comunidad de edificios y condominios en Chile. Establece los derechos y obligaciones de los copropietarios, la forma de administración, el uso de los espacios comunes y la resolución de conflictos.

En términos de la ley chilena, ambos conceptos se usan para referirse a la misma figura. Se trata de un inmueble dividido en unidades de propiedad exclusiva (como departamentos, casas o estacionamientos) y bienes de dominio común (pasillos, jardines, ascensores, etc.), regidos por la Ley de Copropiedad.

Es un instrumento legal fundamental que complementa la ley, adaptándola a las particularidades de cada comunidad. Establece normas específicas de convivencia, el uso de las áreas comunes, el cálculo de los gastos comunes, las sanciones por incumplimiento y otros aspectos de la vida en el condominio. Su aprobación y modificación deben realizarse en una asamblea de copropietarios.

El primer paso es intentar la mediación a través del Comité de Administración o el Administrador. Si esto no funciona y el problema persiste, se puede acudir a la justicia ordinaria o, en casos específicos, a un Juzgado de Policía Local para que decida sobre la controversia, basándose en la Ley de Copropiedad y el Reglamento.

Son los desembolsos necesarios para la mantención, reparación y administración de los bienes de dominio común, así como para el pago de los servicios básicos del condominio (ej. electricidad, agua, gas). Se distribuyen entre todos los copropietarios según el porcentaje de su unidad, tal como lo establece el Reglamento de Copropiedad.

La ley permite a la comunidad aplicar sanciones por el no pago. Generalmente, se aplican intereses por mora y, si la deuda persiste, la comunidad puede iniciar un juicio de cobro ejecutivo. La deuda de gastos comunes es una deuda de la unidad, por lo que se transmite a los nuevos propietarios en caso de venta.

La Ley de Copropiedad no prohíbe explícitamente el arriendo temporal, pero el Reglamento de Copropiedad puede establecer restricciones o prohibiciones. En caso de conflicto, se debe revisar lo que establece el reglamento de la comunidad y las decisiones de la Asamblea. Algunas comunidades han votado prohibir o limitar esta actividad para proteger la seguridad y tranquilidad de los residentes.

La modificación requiere una asamblea extraordinaria de copropietarios y, en la mayoría de los casos, necesita un quorum de aprobación muy alto, generalmente del 75% o más de los derechos en el condominio. Una vez aprobado, el acuerdo debe ser reducido a escritura pública e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.

Sí. La Ley N° 21.442 exige que los administradores de condominios que se desempeñen de manera remunerada deben estar inscritos en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, demostrando que han aprobado un curso de formación para administradores. Esto busca profesionalizar la gestión de las comunidades.